Resumen: Recurren las empresas solidariamente condenadas por despido improcedente (al no justificar la extinción que se cuerda por causas económicas), cuestionando el titulo de responsabilidad que se les atribuye por conformar un grupo patológico, como también la inexistencia de una causa económico-productiva (vinculada a la reducción de ventas de vehículos nuevos en el período comparativo) que la Sala rechaza desde la condicionante dimensión de un relato fáctico, del que no resulta este relevante presupuesto de decisión. Tras remitirse a la doctrina jurisprudencial relativa a las notas definitorias del grupo empresarial de la clase indicada (entre las que destaca la indiferenciada prestación de servicios; junto a la confusión de plantillas y patrimonial, la unidad de caja o el uso abusivo de la dirección unitaria) advierte el Tribunal que ambas empresas tienen los mismos administradores, comparten domicilio social, instalaciones y maquinaria; a lo que se añade la relevante (y probada) circunstancia de que la prestación de servicios se produce de forma indiferenciada simultánea o sucesiva ambas. Lo que le lleva a concluir (mas allá de la condicionante dimensión que ofrece el inatacado relato fáctico) que, debiendo referenciarse a las mismas la situación económico-productiva comunicada, no justifica (a quien incumbe la carga de su prueba) el concurso de causa habilitante de extinción contractual.
Resumen: La sentencia de instancia estima la demanda de la empresa sancionada y la Sala inadmite el recurso, razonando que Para la determinación de la cuantía del proceso la propia norma establece en su art. 192 ciertas pautas y en concreto para las reclamaciones como la que nos ocupa señala "En impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social se atenderá, a efectos de recurso, al contenido económico de la pretensión o del acto objeto del proceso cuando sea susceptible de tal valoración y, en su caso, en cómputo anual. Cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho o situación jurídica individualizada, la cuantía vendrá determinada por el valor económico de lo reclamado o, en su caso, por la diferencia respecto de lo previamente reconocido en vía administrativa, estando excluidos del recurso de suplicación por razón de la cuantía, no alcanzando la valoración económica de la sanción los 18.000 euros tiene entonces esta sentencia que declarar la irrecurribilidad del pronunciamiento del Juzgado de instancia, así como la firmeza de la sentencia allí recaída.
